Por Luis Alfonso Mena S.

Un periodista independiente hace una gravísima denuncia sobre presuntas complicidades de fiscales con criminales de la costa Atlántica colombiana, el Presidente de la República alerta sobre esas denuncias y pide explicaciones al jefe de la oficina judicial que debe investigar, éste reacciona irrespetando e insultando furioso al Jefe del Estado, tibios y extremistas de derecha se unen en gavilla contra el Jefe del Gobierno pegados de interpretaciones santanderistas, mensajeros de la prensa del viejo régimen corren de inmediato a poner sus micrófonos a todo volumen para que el señor del Búnker –rodeado de la cúpula a su servicio– extienda una cortina de humo, y godos clientelistas de las altas cortes se unen al coro para cerrar el círculo y ayudarle al energúmeno a no responder.

En vez de preguntar al jefe del órgano investigador respecto de la denuncia del periodista Gonzalo Guillén, muy bien documentada, sobre la impunidad que estaría rondando 200 asesinatos cometidos por capos del Clan del Golfo, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se hincaron ante el megalómano que se autodescribe como el más preparado fiscal de la historia, y participaron de su show, lleno de odio e improperios contra el Jefe del Gobierno democráticamente elegido por once millones 300 mil compatriotas.

Ni corta ni perezosa, la prensa corporativa le hizo eco a la narrativa del ególatra, que, dándoselas de independiente, olvidó que ha estado al servicio del régimen de Iván Duque, al que exoneró del escándalo de la Ñeñepolítica, y cómo también ha sido sumiso e incondicional de Álvaro Uribe, para el que ha maniobrado a su antojo con dos fiscales de bolsillo en procura de buscar la preclusión del proceso por soborno de testigos y fraude procesal que enfrenta el expresidente, mientras ha perseguido con saña a la fiscal Angélica Monsalve porque cumple, ella sí, con su deber de investigadora en casos connotados de corrupción de intocables de la oligarquía santafereña.

¿Podría verse un retrato más patético de la parte oscura de la Colombia a la que se enfrenta el presidente Gustavo Petro? Toda la controversia de la última semana sucedió mientras el jefe del Ejecutivo recorría España y Portugal, donde firmaba convenios en beneficio de su pueblo, y gobiernos y ciudadanos extranjeros reconocían su liderazgo internacional.

Francisco Barbosa –puesto en la Fiscalía por Duque, cuando lo ternó para que la Corte Suprema lo escogiera– viene desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en una campaña en su contra, pasando por encima de la separación e independencia de poderes de la que ahora se autoproclama defensor, no desaprovecha escenarios, incluso en el exterior, para lanzar acusaciones falaces contra el Jefe del Estado en relación con la política de Paz Total, de manera especial respecto del sometimiento de bandas criminales y narcotraficantes, y, como lo ha hecho últimamente, tomándose la inaudita atribución de ir al Congreso de la República dizque a alertar sobre contenidos de diferentes normas, lo cual refleja una grosera intromisión en funciones que no le competen, como lo ha denunciado el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien ha asegurado que el emperador del Búnker amedrenta a los congresistas que apoyan los proyectos de ley del Gobierno Nacional.

Así, Barbosa se ha convertido en la práctica en uno de los jefes de la oposición de extrema derecha en Colombia, una evidente participación en política prohibida a los funcionarios del Estado, por la que debería renunciar, como lo reclama el senador Iván Cepeda. “Si persiste en su intención de ser agitador político, mejor que renuncie y permita que alguien ejerza su cargo de manera digna e imparcial”, escribió el congresista.

QUE LA ONU INVESTIGUE LOS HECHOS

Ya lo decía el Presidente en España: hacer el cambio resulta más difícil de lo imaginado. Pero hay que hacerlo, a pesar de todo, cargando a cuestas el pesado armario judicial tallado por las oligarquías en su ebanistería del Congreso de la República a lo largo de dos siglos, armario al que bautizaron Estado de Derecho, que en realidad es un Estado de Derecha, y que está repleto de leyes y normas diseñadas por terratenientes y banqueros para mantener ‘per saecula saeculorum’, por siempre, sus privilegios. No es el imperio de la ley para todos. Es, en lo fundamental, la ley solo para los de ruana. Por eso atacan con sevicia las reformas sociales sometidas a estudio de las cámaras legislativas.

Las hegemonías usan el régimen jurídico imperante contra el gobierno progresista, tuercen la declaración presidencial sobre sus potestades en calidad de Jefe del Estado y de Suprema Autoridad Administrativa, como establece la Constitución, y quieren desconocer lo que dice ésta en su Art. 251, cuando le ordena al Fiscal informar al Gobierno, esto es, al Presidente, sobre hechos graves de criminalidad, como el denunciado por el valiente periodista Guillén, a quien sus colegas de la prensa del sistema dejaron solo.

Armando Montealegre, exmagistrado de la Corte Constitucional y exfiscal, fue claro en ello. “El presidente de la República tiene la razón: existen tres casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general de la Nación: en materia de información sobre lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público”, explicó.

El jurista caleño Elmer Montaña fue más allá y sostuvo que el Jefe del Estado, y cualquier colombiano, “puede exigirle al Fiscal que rinda cuentas”. Y, además, propone: “Si el fiscal general de la Nación se declara remiso para responderle al señor Presidente y a los colombianos, el presidente Gustavo Petro quedaría habilitado para solicitarle a las Naciones Unidas la conformación de una comisión que se encargue de investigar estos hechos y de establecer la verdad, mientras se posesiona un nuevo fiscal en nuestro país”.

La triada de la superestructura del actual Estado, integrada por el acumulado burocrático judicial, el aparataje ideológico mediático y los partidos del establecimiento, dibuja la parte de la Colombia amangualada para tratar de desestabilizar el poder popular contrahegemónico en construcción y mantener el ‘statu quo’ de injusticia.

LARGA HISTORIA DE IMPUNIDAD

Colombia ha sido históricamente un país de impunidad. Más de 200.000 personas asesinadas en la época de La Violencia desatada por la reacción conservadora desde la década de los años cuarenta del Siglo XX; el genocidio de más de seis mil militantes de la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa; los 6.402 homicidios de colombianos en los eufemísticamente llamados ‘falsos positivos’, que no son más que crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad, en este Siglo XXI, los más de cien jóvenes masacrados por la represión ordenada en el régimen de Duque contra las protestas sociales de 2020 y 2021, y los centenares de líderes sociales y firmantes de paz asesinados en los últimos años, para solo mencionar algunos casos cruciales, son evidencia de la impunidad que lacera el alma del pueblo.

Ojalá que los 200 crímenes denunciados por el periodista Guillén no queden en la impunidad, y haya la respuesta que él, con el respaldo del presidente Petro y de todos los colombianos humanistas y verdaderamente demócratas, reclama.

De la comprensión de la encrucijada política que vivimos y de que todos los defensores de los derechos humanos y de los cambios sociales se mantengan unidos depende que la lucha contra la impunidad empiece a dar resultados.